Mientras el mundo celebrabael Día Mundial de la Justicia Social (20 de febrero), el Subcomité de Cambio de Poder del ICFP convocó un diálogo global para abordar una cuestión urgente: ¿por qué la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) son una cuestión de justicia social? El debate fue más allá de la teoría y se centró en las realidades vividas.
Clara Maliwa(PNUD Tanzania) sentó las bases del debate con firmeza:«La justicia social comienza cuando nos reconocemos mutuamente como seres humanos de pleno derecho».Hablando no desde la teoría, sino desde su experiencia vivida como persona con albinismo que ha sufrido el estigma, la discriminación y la violencia, recordó a los participantes que la injusticia surge cuando se niega la dignidad. Cuando compartió:«Cuando el sistema sanitario juzga en lugar de atender, eso es injusticia social»,la conversación quedó clara: la salud y los derechos sexuales y reproductivos no se refieren solo a los servicios; se refieren al poder, a la dignidad y a quién se trata como un ser humano de pleno derecho. Su pregunta resonó a lo largo de toda la sesión:«¿Por qué debería ser la supervivencia una norma?».
Cinamon Nyagaka, médico y defensor de los jóvenes de Kenia, marcó la pauta del debate animando a los ponentes y a los participantes a intervenir no como observadores neutrales, sino como personas a las que les incumbe quién detenta el poder en el ámbito de la salud, qué conocimientos se tienen en cuenta y cómo se aplica realmente la justicia en la práctica.
Los ponentes hicieron hincapié en que la injusticia es tanto estructural como coordinada.Nomtika, de Frontline AIDS, dejó claro que lo que muchas personas consideran acceso a la asistencia sanitaria es, en realidad, todavía un privilegio:«Todas estas cosas se consideran actualmente privilegios, cuando en realidad son derechos humanos fundamentales». Describió la justicia reproductiva no como un concepto jurídico, sino como la existencia de condiciones sociales, económicas y políticas reales que permiten a las personas tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas sin sufrir daños ni castigos estructurales.
Amaranta Gómez-Regalado, activista indígena zapoteca y antropóloga, aportó una dimensión esencial al debate: la lucha aún inconclusa contra la colonialidad. Subrayó que el acceso a la salud debe ser culturalmente competente y tener en cuenta el idioma, la identidad y el contexto comunitario, y que el racismo y el clasismo siguen condicionando los resultados sanitarios, incluso a través de datos inexistentes o distorsionados. Su recordatorio de que la diversidad de género no es algo nuevo, sino ancestral, supuso un desafío para los sistemas, a fin de que dejen de ir a la zaga de las comunidades que siempre han sido conscientes de ello.
Sobre el carácter coordinado de la reacción contraria,Naike Ledan, de ILGA World, fue muy clara:«Los actores contrarios a los derechos son transnacionales, se basan en narrativas y actúan de forma estratégicamente coordinada». Describió un guion recurrente de restricciones legales, pánico moral, religión utilizada como arma y desinformación digital, y lo denominó por lo que es: no un prejuicio local, sinouna «reestructuración de la gobernanza a través del género».Esto significa que promover la justicia social en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos requiere una coordinación equitativa, una estrategia a largo plazo y movimientos que se nieguen a fragmentarse.
La sesión concluyó con medidas concretas en distintos ámbitos;
Anivel individual, se animó a los participantes a compartir sus historias, a combatir el estigma en las conversaciones cotidianas, a escribir artículos de opinión, a movilizarse en sus comunidades y a predicar con el ejemplo.
Anivel social y comunitario, el llamamiento consistió en romper los compartimentos estancos y construir lo queAmarantadescribió como «interseccionalidad colaborativa», yendo más allá de la mera descripción de las luchas que se solapan para pasar a organizarse activamente de manera transversal.Nomtikareiteró un principio fundamental:«Las comunidades tienen las soluciones a sus problemas»,y los programas deben diseñarse para reflejarlo, no para ignorarlo.
Porparte de los donantes, el mensaje fue inequívoco.Naikecuestionó directamente el panorama de la financiación:«Los financiadores deben ponerse a nuestro nivel». La infraestructura, que incluye la seguridad, el poder narrativo, la coordinación del movimiento y la organización de encuentros, debe dejar de ser tratada como un gasto general y empezar a ser reconocida como trabajo de primera línea.Amarantafue más allá, pidiendo una diversificación más allá de la filantropía del Norte y una mayor inversión en recursos Sur-Sur y solidaridad regional:«Necesitamos diversificar… pensar en financiaciones del Sur»—tenemos que diversificar y pensar en la financiación procedente delSur—.
Anivel gubernamental, los compromisos deben ir más allá de las políticas sobre el papel y traducirse en una aplicación efectiva, invirtiendo en sistemas de salud inclusivos, poniendo fin al estigma en los entornos asistenciales, protegiendo el espacio cívico y garantizando que los derechos legales se traduzcan en protecciones tangibles para las personas más excluidas.
En general, el seminario web nos recordó que la justicia social no es caridad, ni es un eslogan. Es diseño. Son prioridades de financiación. Es la forma en que los sistemas responden en momentos de vulnerabilidad. Como concluyóClara:«La justicia comienza en el momento en que nos reconocemos mutuamente como seres humanos de pleno derecho. Y hasta que ese reconocimiento se haga realidad, nuestro trabajo no habrá terminado».
Puede que el Día Mundial de la Justicia Socialsea solo una fecha en el calendario, pero la responsabilidad de actuar —ya sea a título individual, colectivo o institucional— nos corresponde a todos, todos los días.
Escrito por los moderadores del seminario web: Goodness Odey e Innocent Grant.
