Por Kelly Saldana, Vicepresidenta, Fortalecimiento de Sistemas y Resiliencia, Abt Associates

Los migrantes son la mayor población marginada del planeta y crecen día a día. Los motores, destinos y dinámicas de la migración están cambiando: Cada vez son más las mujeres y niñas que emigran, con aproximadamente 120 millones huyendo de la violencia, los conflictos, la pobreza y las catástrofes naturales; cada vez más, otros países de renta baja y media (PRMB) son sus destinos. A raíz de la pandemia mundial de COVID-19, está claro que no se pueden ignorar las necesidades sanitarias de los migrantes, lo que crea nuevos retos para los sistemas sanitarios de estos países, ya de por sí escasos de recursos.

La equidad ocupa un lugar destacado en las agendas mundiales de desarrollo y salud. Sin embargo, los inmigrantes suelen carecer de protección financiera cuando acceden a la atención sanitaria en países de los que no son ciudadanos. Apoyar la capacidad de los migrantes para acceder a los servicios -incluidos los de salud preventiva y reproductiva- beneficia a toda la población, ya que se optimizan los recursos y se reduce la propagación de enfermedades. Por lo tanto, la capacidad de los sistemas sanitarios de los PBMI para satisfacer las necesidades sanitarias de los migrantes puede ser un indicador útil de la resiliencia y la inclusividad generales.

Las mujeres y las niñas, en particular, se enfrentan a riesgos únicos y explícitos en la migración como víctimas de violencia sexual y de género, trata y otras formas de explotación.

Quedarse embarazadas durante su viaje supone riesgos adicionales para ellas y sus hijos. Abordar estos factores pone de relieve tanto la necesidad de modelos de servicios sanitarios equitativos como el papel central de los recursos humanos para la salud.

Por ejemplo, servicios básicos como la atención prenatal y el parto son ahora una necesidad rutinaria y sistémica entre los migrantes venezolanos en Colombia, donde Abt a través de USAID está asesorando sobre nuevas políticas para integrar a los migrantes en los sistemas de salud y la movilización de recursos nacionales para hacer frente a la demanda. En Tayikistán, el sistema de salud pública respondió a una afluencia inicial de refugiados afganos, y los equipos de proyectos de Abt USAID apoyaron la formación y dotación de personal de trabajadores sanitarios para prestar servicios de salud materna, infantil y reproductiva en campamentos temporales. Ahora, según nuestro equipo, el gobierno ha asimilado plenamente a los inmigrantes como residentes y apoya su acceso a todos los servicios sanitarios a través del modelo de salud comunitaria permanente.

Las poblaciones migrantes, refugiadas y móviles no tienen el mismo acceso a los servicios que las autóctonas, y su salud se ve afectada por factores sociales y determinantes que se solapan. Sus necesidades médicas van más allá de la atención sanitaria básica e incluyen la necesidad de servicios sociales y de salud mental que aborden los traumas derivados de la separación familiar, la trata y las violaciones de los derechos humanos.

Sin un abanico de proveedores de asistencia sensibilizados con estas cuestiones, y sin mecanismos que garanticen el acceso financiero, los migrantes tienen menos probabilidades de acceder a la asistencia. Estos obstáculos afectan a otras poblaciones móviles y excluidas, como los desplazados internos, las sociedades de pastores o los grupos estigmatizados que tienen dificultades para encontrar servicios culturalmente aceptables.

Los sistemas sanitarios inclusivos que apoyan a las poblaciones migrantes y móviles tienen más probabilidades de satisfacer las necesidades sanitarias únicas de sus poblaciones locales.

La concienciación, las políticas, la colaboración interministerial y la sensibilización necesarias para dar prioridad y satisfacer las necesidades sanitarias de los migrantes crean o refuerzan intrínsecamente los sistemas necesarios para atender mejor a otros grupos vulnerables.

Llegar a los migrantes requiere enfoques de los sistemas de salud localizados, específicos para cada contexto y que abarquen a toda la sociedad. El enfoque tradicional para apoyar la salud de los migrantes es local, impulsado por ONG, iglesias y otros proveedores de ayuda de emergencia. Colombia ha demostrado cómo ampliar este modelo humanitario para proporcionar acceso a los servicios de atención primaria dentro del sistema sanitario, manteniendo al mismo tiempo las asociaciones con los comités de vigilancia comunitaria que defienden a los migrantes.

La experiencia de Etiopía en la adaptación de enfoques locales, como los planes de seguros comunitarios, para garantizar el acceso a una atención sanitaria asequible a las poblaciones móviles, incluidos los pastores, permite extraer enseñanzas similares. Las reformas en Etiopía -que Abt ha ayudado a impulsar en colaboración con USAID y con todos los niveles del gobierno etíope- también han ampliado el acceso a los servicios para las poblaciones móviles, entre otras cosas mediante la adaptación de subsidios específicos para que los más pobres se afilien a los planes CBHI y la exención de tasas para servicios prioritarios como la inmunización, el tratamiento de la tuberculosis y el VIH/SIDA, así como la atención prenatal, durante el parto y posnatal. El propio CBHI capacita a las mujeres para buscar servicios para ellas y sus hijos sin esperar el permiso y el dinero de sus maridos.

Satisfacer las necesidades de los emigrantes significa alinear las políticas sanitarias locales y nacionales dentro de los países, pero una respuesta más completa al problema requerirá la colaboración entre países para crear portabilidad de la protección financiera y acceso a los servicios.

El acceso de los inmigrantes a la atención sanitaria refleja directamente la política de cada país.

Ya sea por motivos socioeconómicos, políticos o climáticos, la migración afecta a todos los sectores y para abordarla se requiere una acción intersectorial y una gobernanza integrada e interministerial basada en la equidad y la inclusión.

La experiencia reciente ofrece lecciones y orientaciones para mejorar la salud y el acceso de los migrantes. Hemos visto cómo los sistemas sanitarios pueden llegar a las poblaciones migrantes con vacunas COVID-19 e información (y los beneficios de hacerlo). Podemos basarnos en estas experiencias para ampliar el acceso a otros productos y servicios sanitarios, como los anticonceptivos o el asesoramiento y las pruebas de ITS/VIH. Cuando las realidades políticas nacionales prohíben la plena incorporación de los migrantes a un sistema sanitario, los gobiernos locales pueden asociarse con organizaciones privadas y comunitarias para prestar servicios específicos, como ofrecer acceso gratuito a anticonceptivos o desarrollar una aplicación o un mensaje SMS para que las mujeres y las niñas denuncien traumas y se las ponga en contacto con servicios de asesoramiento y salud reproductiva.

En última instancia, los inmigrantes no pueden quedar excluidos de los sistemas sanitarios. Deben tener acceso al menos a servicios sanitarios preventivos y curativos para detener la aparición y propagación de enfermedades infecciosas, como la COVID-19. Acelerar la inclusión de las poblaciones migrantes y móviles en los sistemas de salud -atendiendo a sus necesidades específicas, como las de las mujeres y las niñas- beneficia y protege a las comunidades en general.

Biografía: Kelly Saldaña es vicepresidenta de fortalecimiento de sistemas y resiliencia en Abt Associates, donde lidera nuevas soluciones para el diseño de programas integrados e impulsados localmente en toda la cartera global de la empresa. Saldaña se incorporó a Abt después de casi 20 años en USAID, donde supervisó la cartera de fortalecimiento de los sistemas de salud y creación de capacidad de la agencia y la programación de su respuesta COVID-19 de 6.000 millones de dólares.

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