Exactamente un año después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera su declaración de pandemia, elFondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calculó que 12 millones de mujeres sufrieron interrupciones en los servicios de planificación familiar durante la pandemia, lo que provocó 1,4 millones de embarazos no deseados.
A pesar de este sombrío balance, tenemos motivos para el optimismo. Muchos sistemas sanitarios se adaptaron a las condiciones cambiantes mucho más rápido de lo previsto en un principio y, en algunos países, la población modificó su forma de obtener asistencia cuando las circunstancias lo exigieron.
Por ejemplo, en Kampala (Uganda), se recurrió a la popular aplicación de transporte en moto SafeBoda para distribuir anticonceptivos, pruebas del VIH y pruebas de embarazo. En la India, se dio un impulso inmediato a la comunicación directa con los pacientes de planificación familiar a través de las redes sociales y las llamadas telefónicas.
En África oriental, la planificación familiar se consideró un servicio esencial junto con la respuesta a la pandemia, y los funcionarios sanitarios locales distribuyeron anticonceptivos orales, anticonceptivos de emergencia y preservativos, a menudo utilizando las farmacias locales como punto central de distribución. La combinación de la declaración de la planificación familiar como servicio esencial y la utilización de la infraestructura comercial esencial existente demostró ser un factor clave para mantener las tasas de uso y acceso a los anticonceptivos.
En Estados Unidos, el auge de la telemedicina durante la pandemia incluyó un uso creciente de la medicación por correo para interrumpir embarazos no deseados en la intimidad de los hogares de las mujeres. Desde que comenzaron los bloqueos en 2020, el número de estados que participan en un estudio en curso sobre este servicio pasó de 10 a 17, además del Distrito de Columbia. Y en abril, la FDA decidió eliminar las directrices que obligan a las mujeres a acudir a un centro de salud o a la consulta de un médico para recibir un aborto médico durante el resto de la pandemia.
Estas rápidas medidas resultaron fundamentales para reducir el impacto negativo de COVID-19 en la salud reproductiva. Pero no debería haber sido necesaria una pandemia para aplicar estas medidas de sentido común, sino que deberían haberse aplicado desde el principio.
De cara al futuro, hay importantes lecciones que aprender para garantizar que proporcionamos los servicios de planificación familiar que la gente de todo el mundo quiere y necesita.
La primera lección es lo resistentes que pueden ser nuestros sistemas sanitarios, procesos y pacientes bajo una presión extrema. Según el UNFPA, las mujeres de 115 países de ingresos bajos y medios tuvieron que hacer frente a una interrupción media de 3,6 meses de los servicios de planificación familiar, a pesar de que los cierres y las órdenes de quedarse en casa duraron mucho más. Esto demuestra la rapidez con la que los sistemas sanitarios fueron capaces de adaptarse en 2020, incluso cuando los servicios de planificación familiar pasaron a un segundo plano frente a otros servicios de emergencia.
En segundo lugar, la determinación que mostraron las mujeres para obtener servicios demuestra que reconocen claramente la importancia que tienen la salud reproductiva y la planificación familiar. El temor a los embarazos no deseados y a las repercusiones económicas que conllevan se magnificaron a la luz de los trastornos provocados por la pandemia. En el estado nigeriano de Delta, por ejemplo, el número de ciudadanos que accedieron a los servicios de planificación familiar aumentó, según los informes, en tras los cierres de COVID-19, debido a la preocupación por las dificultades económicas.
En tercer lugar, y quizá lo más importante: debemos instar a todos los países a que definan la planificación familiar como servicios sanitarios esenciales. Como vimos en África Oriental, situar los servicios de planificación familiar junto a otras medidas de atención sanitaria ayuda a garantizar que no se descuidarán durante una crisis.
El temor actual de los responsables de la sanidad mundial es que cualquier futura interrupción prolongada de los servicios no sea tan positiva como algunos de los ejemplos señalados anteriormente. Los jóvenes, en particular, son especialmente vulnerables. Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, se calcula que 23 millones de adolescentes de países de ingresos bajos y medios no podían satisfacer sus necesidades de anticoncepción antes de la pandemia.
Pero gracias a las medidas adoptadas durante la pandemia, como la telemedicina, más jóvenes tuvieron acceso a servicios de anticoncepción y planificación familiar de los que antes habrían carecido. Incorporar estos servicios a tiempo completo podría reportar enormes beneficios.
Para ayudar a difundir las mejores prácticas, herramientas, investigaciones y otras ideas para reducir el impacto negativo del COVID-19 en los servicios de salud sexual y reproductiva, el Instituto Gates ha compilado una base de datos de recursos aportados por la comunidad y disponibles para el público.
Nuestra misión de cara al futuro debe ser institucionalizar las adaptaciones que permitieron una reanudación relativamente rápida de los servicios, al tiempo que identificamos formas de evitar que las interrupciones a largo plazo causen estragos adicionales. A muchas mujeres no les interesa volver a la situación anterior.
José "Oying" G. Rimón II (jrimon1@jhu.edu) es científico principal y director del Instituto Bill y Melinda Gates de Población y Salud Reproductiva de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, y preside el Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar (ICFP). Maheen Malik es directora de programas de campo de The Challenge Initiative (Twitter: @TCI_UrbanFP), un programa mundial de salud reproductiva urbana dirigido por el Instituto Gates.
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